Por Hans Enrique Cuadros Sánchez*
El filósofo germánico Georg Hegel (1770-1831) postuló en su ideal dialéctico que las contradicciones son el motor de la historia. Su relevancia filosófica influyó en Marx y Engels, quienes, a partir de los postulados hegelianos, realizaron una interpretación histórica del capitalismo y, sobre la cual, Marx fundamentó su teoría de lucha de clases. El capitalismo no sería otra etapa de la historia del continente europeo, para entonces (siglo XIX) ya hegemónico en el mundo a través del colonialismo e imperialismo que desplegaron sobre otros continentes. Dentro de la crítica que hace Marx a este sistema económico, la contradicción es esencial para su postulado de lucha de clases: una clase que controla la propiedad de los medios de producción y otra que involucra su fuerza de trabajo para lograr dicha producción. La contradicción se funda en el conflicto por el disfrute de la riqueza como fruto de aquella. Bien, este tipo de contradicción no es la que necesariamente más aqueja a la sociedad peruana actual, pero nos sirve como sencillo marco teórico para analizarla; pues las contradicciones se evidencian en la política institucional. Veamos.
Primero: Vivimos en “una democracia” que ya no es democracia. Es, en realidad, una dictadura parlamentaria instaurada por un Congreso soberbio y un Ejecutivo servil. El Congreso controla varios organismos constitucionalmente autónomos como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. No hay equilibrio de poderes y la concentración de éste en el Parlamento no sólo es notorio, sino también grotesco. “Somos el primer poder del Estado” piensan los congresistas y lo dicen sin rubor. Sin un atisbo de reflexión en sus palabras.
Segundo: Uno de los baluartes de la actual dictadura parlamentaria era no cambiar la Constitución, pero en la realidad sí lo hicieron. Es más, nos transformamos en un modelo parlamentarista cuando éramos uno semi-presidencialista. Se ha constituido para el 2026 un súper senado con mayores atribuciones que las del propio presidente de la república para dirigir la vida política de nuestro país. Despreciaban una Asamblea Constituyente, pero en la práctica han actuado como tal.
Tercero: A pesar de que la Justicia es un valor supremo, no sólo constitucional, sino humano, el Pacto del Legislativo y el Ejecutivo vienen negando éste a los deudos de las más de 50 personas asesinadas por el régimen. Ya ni siquiera se puede atribuir una responsabilidad política exclusiva al gobierno de Boluarte, sino también se extiende al Poder Legislativo por su constante obstrucción política al esclarecimiento de las muertes de peruanos en las protestas. El rechazo por parte del Congreso a la denuncia constitucional planteada por la Fiscalía de la Nación es una muestra evidente de esto.
Cuarto: No hay ideologías políticas, sino intereses privados que se negocian en el Parlamento. Los discursos de izquierdas y derechas han sido y son una falsedad en la política institucional peruana. Ideologías supuestamente contrarias votan en el mismo sentido en decisiones políticas, fiscalizadoras y legislativas. No existe coherencia entre los discursos y la praxis de los políticos en los asuntos de interés nacional. Por ejemplo: la educación superior universitaria que ha sido vilipendiada por sujetos de izquierdas y derechas que comparten una dudosa reputación académica.
Quinto: Emplean un discurso a favor de la seguridad nacional, pero desde el Congreso se promueven leyes en favor de la criminalidad organizada en sus diversas modalidades. Se promueve la impunidad y se atenta contra las funciones de prevención e intervención oportuna del delito. No se aborda con seriedad la problemática de la violencia sexual y la criminalidad común y, por el contrario, se emplean los recursos del Ministerio del Interior en costosas defensas legales de miles de soles en beneficio de cuestionables funcionarios, como su propio titular.
Sexto: A la par que el Perú quiere mostrarse como un país atractivo para las inversiones, la situación de los derechos humanos y nuestra imagen internacional en dicha materia está por los suelos. Para muestra, la ley de impunidad que beneficia a acusados e investigados por delitos de lesa humanidad ocurridos antes de 2002 y la patética defensa de esta norma legal por parte del Legislativo y Ejecutivo nos muestra como una república que no cumple con sus obligaciones internacionales y que puede cambiar la normatividad apelando indebidamente a la ya manoseada “soberanía nacional”. Ello afecta gravemente la seguridad jurídica que debe tener necesariamente un país si quiere ser atractivo para las inversiones.
Séptimo: Mientras el rechazo al comunismo fue el principal slogan mediático para inspirar terror en los electores, hoy en día el Ejecutivo y Legislativo no se ruborizan ante la notoria subordinación nacional a los intereses políticos y económicos de la República Popular China, un régimen que, como no puede ser de otra manera, es una dictadura comunista. Con ello no señalo que esté mal vincularse a una potencia global y de innegable riqueza cultural como lo es China, sino que parece ser que si el comunismo viene con dinero no es terrorífico.
Este recuento de contradicciones no es la totalidad de las que hoy existen en el país, sólo son ejemplos que nos permiten graficar de manera didáctica que vivimos una notoria seguidilla de contradicciones que agudizan la crisis política que vive el Perú desde el 2016, cuando Keiko Fujimori se negó a reconocer la victoria electoral de Pedro Pablo Kuczynski y ordenó a su bancada mayoritaria en el Congreso asumir un rol obstruccionista frente al gobierno. Lamentablemente, el 2021 nos planteó un escenario peor: elegir entre el cerronismo y el fujimorismo, aparentemente visiones opuestas de país, pero que hoy caminan de la mano, juntos, y que demuestran que entre la clase política no existen contradicciones sino alianzas, y que, por el contrario, son ellos una contradicción a la gran mayoría ciudadana del país. Las expresiones de repudio público son una muestra de que los ánimos se están caldeando, que las contradicciones respecto a ellos se agudizan y que la clase política parece ser la principal promotora de la lucha de clases: la ciudadanía contra ellos. ¡Quién se iba a imaginar que los principales promotores de una praxis marxista respecto a la contradicción serían ellos mismos! Tal vez por eso, hasta ahora, no capturan al prófugo marxista Vladimir Cerrón, y hasta en eso hay otra contradicción.
*Profesor universitario. Especialista en Historia del Derecho y Antropología Jurídica.